ECUADOR
EL LAWFARE COMO ARMA POLÍTICA
CONTRA LUISA GONZÁLEZ
tele SUR
ARBITRARIA DETENCIÓN
La detención de Luisa González, principal figura de la oposición ecuatoriana y dos veces candidata presidencial, representa uno de los episodios más preocupantes de la democracia ecuatoriana reciente. Más allá de las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía, el momento político, el contexto electoral y la trayectoria de confrontación entre el gobierno de Daniel Noboa y el correísmo alimentan la sospecha de que Ecuador ha entrado de lleno en la peligrosa lógica del lawfare: la utilización del aparato judicial como instrumento de combate político.
UNA IMPORTANTE
DIRIGENTE POLÍTICA
Resulta difícil ignorar que la detención de González se produce cuando sigue siendo una de las dirigentes más influyentes del país y la principal referencia de un sector político que conserva una importante capacidad de movilización social. Cada vez son más quienes observan un patrón inquietante: la judicialización selectiva de líderes opositores mientras el discurso oficial presenta estas acciones como una cruzada moral contra la corrupción.
LOS PRECEDENTES
DEL LAWFARE EN LATINOAMÉRICA
La historia latinoamericana está llena de precedentes. En Brasil, Argentina, Bolivia y otros países, los tribunales han sido señalados como escenarios de disputas políticas que antes se resolvían en las urnas. El objetivo del lawfare no es necesariamente obtener una condena definitiva. Basta con instalar la sospecha, destruir reputaciones, desgastar liderazgos y apartar de la competencia electoral a quienes representan una amenaza para el poder establecido.
PERSECUCIÓN
En el caso ecuatoriano, la detención de Luisa González ha sido denunciada por la Revolución Ciudadana como arbitraria y políticamente motivada. El movimiento sostiene que existe una estrategia de persecución contra sus principales dirigentes y que la justicia se ha convertido en una herramienta para debilitar a la oposición.
NOBOA, NEUTRALIZAR
A ADVERSARIOS POLÍTICOS
Mientras tanto, Daniel Noboa enfrenta crecientes cuestionamientos por la concentración del poder y por una gestión que ha recurrido cada vez más a mecanismos excepcionales en nombre de la seguridad y la estabilidad. La detención de la principal líder opositora fortalece la percepción de que el gobierno no busca simplemente combatir delitos, sino también neutralizar adversarios políticos.
Porque cuando la justicia deja de parecer imparcial, deja de ser percibida como justicia. Y cuando el poder utiliza los tribunales para vencer a sus adversarios, la democracia pierde una batalla que ningún gobierno debería celebrar.













