PERÚ
PEDRO CASTILLO,
UN CASO DE LAWFARE
SERVICIOS ESPECIALES
El concepto de lawfare —la utilización del aparato judicial como arma política— ha ganado relevancia en América Latina en las últimas dos décadas. El caso del expresidente peruano Pedro Castillo constituye un ejemplo paradigmático de cómo las élites políticas y económicas recurren a mecanismos legales para neutralizar proyectos progresistas y deslegitimar liderazgos populares.
CONTEXTO POLÍTICO
Pedro Castillo, maestro rural y sindicalista, llegó al poder en 2021 con un discurso centrado en la redistribución de la riqueza, la inclusión social y la soberanía nacional. Su victoria representó un desafío directo a las élites limeñas y a los sectores empresariales que históricamente han dominado la política peruana. Desde el inicio de su mandato, enfrentó un Congreso hostil, mociones de vacancia recurrentes y una cobertura mediática adversa.
EL EPISODIO DE DICIEMBRE DE 2022
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Para sus críticos, fue un intento de golpe de Estado. Para la izquierda, en cambio, este episodio debe leerse en el marco de un asedio político permanente: un presidente sin mayoría parlamentaria, acosado por denuncias de corrupción y enfrentado a un sistema institucional diseñado para bloquear cualquier reforma estructural.
LAWFARE COMO ESTRATEGIA
Desde la óptica progresista, la condena de Castillo por “conspiración para rebelión” refleja:
Judicialización selectiva: mientras otros expresidentes acusados de corrupción enfrentan procesos prolongados, Castillo fue rápidamente encarcelado.
Desigualdad en la aplicación de la ley: la justicia se muestra más severa con líderes populares que con figuras vinculadas a las élites.
Neutralización política: la sentencia de más de 11 años de prisión no solo castiga un acto, sino que inhabilita a un proyecto político que buscaba representar a sectores históricamente marginados.
COMPARACIONES REGIONALES
El caso Castillo se inscribe en un patrón más amplio de lawfare en América Latina:
Brasil: Lula da Silva fue encarcelado en 2018 bajo acusaciones luego anuladas, lo que lo excluyó de la contienda electoral.
Argentina: Cristina Fernández ha enfrentado múltiples procesos judiciales que, según sus defensores, buscan desgastar su liderazgo.
Ecuador: Rafael Correa fue condenado en ausencia, lo que impidió su regreso político.
En todos estos casos, la izquierda denuncia un uso instrumental del derecho para disciplinar proyectos progresistas y preservar el statu quo.
CASTILLO, VÍCTIMA DE
UN ENTRAMADO POLÍTICO-JUDICIAL
Pedro Castillo no es simplemente un presidente que intentó disolver el Congreso, sino una víctima de un entramado político-judicial que buscó impedir cualquier transformación social profunda en Perú. Su caso refleja la tensión entre democracia formal e intereses de clase, y se convierte en un símbolo de cómo el lawfare opera como mecanismo de control político en la región.
LAS CONDENAS DEL LAWFARE
El expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión. Sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres recibió una condena de 6 años y ocho meses.
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