GENOCIDIO DE GAZA
LA HORCA
COMO POLÍTICA DE ESTADO
EL SIONISMO INSTITUCIONALIZA
LA MUERTE SOLO PARA PALESTINOS
En un gesto que desnuda la arquitectura del apartheid jurídico, el Parlamento israelí aprobó una ley que restablece la pena de muerte, pero no como medida universal: se aplicará únicamente a palestinos condenados por matar israelíes. El método elegido, la horca, evoca un pasado de ejecuciones públicas y disciplinarias, pero aquí se convierte en herramienta de control colonial.
UNA APARTHEID LEGAL
Discriminación explícita: la ley no se aplica a israelíes, solo a palestinos.
Tribunales militares: obligados a imponer la pena capital, reforzando la lógica de ocupación.
Celebración política: Ben-Gvir brindó tras la aprobación, como si la institucionalización de la horca fuera motivo de orgullo nacional.
Este no es un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia: transformar el aparato legal en un mecanismo de represión sistemática. La horca se convierte en símbolo de soberanía sobre cuerpos palestinos, un recordatorio de que la ocupación no solo controla territorios, sino también la vida y la muerte.
RESONANCIA INTERNACIONAL
La comunidad internacional observa con alarma. Organizaciones de derechos humanos denuncian la medida como un paso hacia ejecuciones masivas legitimadas por ley. La Autoridad Palestina la califica de “legalización de asesinatos extrajudiciales”. En un mundo donde la pena de muerte tiende a desaparecer, Israel la resucita selectivamente, como herramienta de guerra política.
BARBARIE
la ley es un acto de violencia institucional. La horca, reinstalada en el código penal, no es justicia, es castigo colectivo. Israel no está legislando contra el crimen, está legislando contra un pueblo. La pena de muerte exclusiva para palestinos es la cristalización de un apartheid legal que convierte la ocupación en sentencia. En la historia de los pueblos sometidos, las leyes discriminatorias han sido siempre el preludio de la barbarie. Hoy, Israel escribe una página oscura que no puede ser leída como política de seguridad, sino como política de exterminio jurídico.
Organizaciones de derechos humanos denuncian la medida como un paso hacia ejecuciones masivas legitimadas por ley. La Autoridad Palestina la califica de “legalización de asesinatos extrajudiciales”.

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