ESTADOS UNIDOS

TRUMP, INTOCABLE, 

OBTIENE INMUNIDAD FISCAL

SERVICIOS ESPECIALES

Donald Trump ha conseguido un blindaje fiscal sin precedentes: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos tiene prohibido investigar o auditar sus declaraciones pasadas, presentes y futuras, así como las de su familia y empresas, gracias a un acuerdo con el Departamento de Justicia firmado el 18 de mayo de 2026.

EL ACUERDO CON EL SERVICIO 

DE IMPUESTOS INTERNOS (IRS)

• Fecha clave: 18 de mayo de 2026.

• Partes involucradas: Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump, y el Departamento de Justicia.

• Contenido del pacto:

  • El IRS queda “prohibido para siempre” de perseguir cualquier reclamación fiscal pendiente contra Trump, su familia o sus negocios.

  • Se limita de forma permanente la capacidad del IRS para investigar conductas fiscales pasadas.

  • Trump retiró una demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

FONDO DE COMPENSACIÓN

• Se creó un fondo de entre 1,700 y 1,800 millones de dólares denominado “Anti-Weaponization Fund”.

• Objetivo oficial: compensar a personas que aleguen haber sido perseguidas políticamente durante la administración Biden.

• CRÍTICAS

• Demócratas lo califican como un “fondo opaco” o incluso un “fondo para sobornos inconstitucional”. Se teme que beneficie a aliados de Trump, incluidos participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

IMPUNIDAD FISCAL

• Efecto inmediato: Trump y su círculo cercano quedan blindados ante investigaciones fiscales pasadas y futuras.

• Precedente histórico: Es el primer presidente en tiempos recientes que logra un acuerdo de este alcance.

• Consecuencia política: Refuerza la narrativa de Trump sobre la “militarización” del sistema judicial, mientras erosiona la confianza en la imparcialidad del sistema fiscal.

Este blindaje fiscal coloca a Trump en una posición de impunidad institucionalizada, donde las reglas del sistema tributario dejan de aplicarse a él y a su familia. Más allá de lo legal, el acuerdo abre un debate sobre la erosión del principio de igualdad ante la ley y el uso del poder presidencial para neutralizar mecanismos de control.