ARGENTINA
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IMPUNIDAD A LOS CUATRO AÑOS
DEL ATENTADO A CRISTINA KIRCHNER
Cuatro años después del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la causa judicial argentina se ha convertido en un espejo incómodo de la podredumbre institucional. El ataque, ocurrido en septiembre de 2022, fue uno de los episodios más graves desde el retorno democrático en 1983. Sin embargo, la respuesta del aparato judicial ha sido lenta, fragmentaria y marcada por omisiones que alimentan la percepción de impunidad.
Los autores materiales —Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte— recibieron condenas en 2025, pero la investigación se detuvo allí. La Cámara de Casación aún debe revisar las penas, mientras que la pista sobre posibles instigadores o financistas fue archivada sin profundizar. La llamada “pista Milman”, que vinculaba al exdiputado opositor Gerardo Milman fue anulada por la jueza María Eugenia Capuchetti, pese a testimonios y pericias que merecían mayor análisis.
La causa expone la fragilidad de un sistema judicial que parece más preocupado por blindarse que por esclarecer.
Falta de investigación: No se siguieron líneas sobre financiamiento ni redes de apoyo.
Politización: La narrativa oficialista y opositora se cruzó con la inercia judicial, generando sospechas de encubrimiento.
Desconfianza social: La ciudadanía percibe que la justicia actúa con doble vara, dependiendo de quién sea la víctima o el acusado.
En el plano global, el caso es observado como un síntoma de la erosión democrática en América Latina. La incapacidad de esclarecer un atentado contra una vicepresidenta en funciones proyecta una imagen de debilidad institucional y de un Poder Judicial incapaz de garantizar justicia en hechos de máxima gravedad.
El atentado contra Cristina Kirchner no solo puso en riesgo la vida de una dirigente política: expuso la crisis y la corrpción estructural del sistema judicial argentino, atrapado entre la ineficiencia y la connivencia política.