COLOMBIA
TOMA Y RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
EL DÍA QUE EL ESTADO
DECIDIÓ MATAR A LA JUSTICIA
El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de sus tragedias más profundas: la retoma del Palacio de Justicia. Lo que se presentó como una operación militar fue, en realidad, una masacre institucional. Este artículo revisita el episodio con mirada crítica, confrontando la narrativa oficial y exigiendo memoria, verdad y justicia.
LA TOMA, UN ACTO POLÍTICO
El M-19 no irrumpió en el Palacio de Justicia para destruirlo, sino para interpelar al poder. Su objetivo era someter al presidente Belisario Betancur a un juicio político por incumplir acuerdos de paz. La guerrilla buscaba un gesto simbólico, no una carnicería. Pero el Estado respondió como si se tratara de una invasión extranjera. La acción del M-19 fue política. La respuesta del Estado fue militar. El resultado: Una masacre.
LA RETOMA, CUANDO EL ESTADO
SE CONVIRTIÓ EN VERDUGO
Tanques en la Plaza de Bolívar. Explosivos en los pasillos. Fuego cruzado sin distinción. El Ejército convirtió el Palacio en un campo de batalla, ignorando que allí estaban los magistrados de la Corte Suprema, empleados, visitantes, estudiantes. La orden era clara: recuperar el edificio a cualquier costo. Y el costo fue altísimo: más de 100 muertos, 11 desaparecidos, decenas de vidas destrozadas. No fue una operación quirúrgica, fue una demolición institucional
¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
Hasta hoy, nadie ha respondido. Los altos mandos militares se escudan en el deber. El presidente Betancur guarda silencio. Las grabaciones revelan que el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, pidió cese al fuego, suplicó diálogo. Su voz fue ignorada. Murió calcinado. ¿Quién decidió que la vida de los jueces era sacrificable?
MEDIOS, EL ECO DEL PODER
Durante la retoma, los medios replicaron la narrativa oficial: “victoria contra el terrorismo”. Las cámaras mostraban tanques, no cadáveres. Las voces de los sobrevivientes fueron silenciadas. Los desaparecidos, borrados del relato. El periodismo, en lugar de incomodar al poder, lo abrazó. La verdad fue censurada. La memoria, saboteada. La prensa no cubrió una tragedia. Encubrió un crimen.
JUICIOS TARDÍOS,
JUSTICIA NEGADA
Décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Algunos militares fueron procesados y otros absueltos como el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Las familias de Cristina Guarín, Bernardo Beltrán y otros desaparecidos siguen esperando respuestas.
VOCES QUE NO SE APAGAN
Sobrevivientes como Orlando Arrechea relatan cómo fueron sacados del Palacio, interrogados, amenazados. Otros, desaparecidos. Las familias han convertido su dolor en resistencia. Han exigido verdad, justicia, reparación. Han enfrentado el olvido institucional con memoria colectiva. Y esa memoria incomoda. Porque revela que el Estado no solo falló: eligió fallar.
EL ESTADO ELIGIÓ MATAR,
ANTES QUE DIALOGAR
La retoma del Palacio de Justicia no fue un error táctico. Fue una decisión política. El Estado eligió matar antes que dialogar. Eligió desaparecer antes que escuchar. Eligió destruir antes que construir. Y esa elección sigue resonando en cada rincón donde la impunidad se disfraza de orden, donde la violencia se justifica como defensa, donde la justicia se convierte en víctima. No basta con recordar. Hay que incomodar con nuestra protesta. Porque si el Estado puede matar a la justicia y salir impune, entonces nadie está a salvo.
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